Código de buenas prácticas

Spanish Journal of Legislative Studies sigue una normativa ética basada en el Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors del Committee on Publication Ethics (COPE)

(véase: https://publicationethics.org/resources/guidelines).

Esta declaración ética compromete a todos los miembros que hacen posible Spanish Journal of Legislative Studies, tanto externos (evaluadores, autores…), como a su equipo editorial.

1. Compromiso del Equipo Editorial

  • La revista cuenta con un Consejo Editorial (Editorial Board) y un Comité científico (Advisory Board), cuyos miembros están identificados en los listados correspondientes. Todos son reputados especialistas en la materia base de la revista, esto es, el análisis del contenido normativo y/o el impacto social de legislaciones concretas actuales, pasadas, o en proceso, de ámbito internacional, nacional o regional.
  • Ambos órganos colegiados están constituidos en su mayoría por investigadores pertenecientes a centros españoles y extranjeros, y que, por tanto, son totalmente ajenos a la Universidad Miguel Hernández (sede de la revista).
  • El Comité científico está compuesto por prestigiosos investigadores en la materia. Sus funciones se reducen a la aprobación anual de las normas editoriales, el asesoramiento sobre aquellas consideraciones que le presente el Equipo Editorial, y la elevación a éste, en su caso, de las propuestas para la realización de estudios monográficos. El Consejo se reunirá una vez al año para ser informado de los aspectos más importantes que hayan acaecido durante su curso.
  • El Consejo Editorial se compromete a asegurar la calidad científica de los contenidos de la revista, evitar malas prácticas y gestionar la edición de los trabajos recibidos en un tiempo razonable.
  • Todas las contribuciones serán evaluadas inicialmente por el Consejo Editorial. Los originales que se consideren adecuados para ser publicados pasarán a ser evaluados por el sistema de revisión por pares externos anónimos (sistema de doble ciego) atendiendo exclusivamente a su relevancia científica, originalidad y pertinencia. En todo momento, se garantiza la confidencialidad del proceso de evaluación (identidad de los evaluadores, contenido de sus informes, identidad de los autores y contenido evaluado). Los autores serán informados del estado de evaluación de los originales desde que se recibe la propuesta hasta su rechazo o aceptación final. El rechazo o aceptación de la publicación de un artículo por parte del Consejo Editorial se basará en los informes de los evaluadores. La decisión irá precedida de una comunicación motivada de la decisión al autor. El Consejo editorial valorará y agradecerá la contribución de quienes hayan colaborado en las evaluaciones de los trabajos remitidos a la revista.
  • No se aplicarán cobros a los autores para el procesamiento de los manuscritos ni cuotas por la publicación de artículos.
  • También se mantendrá la confidencialidad ante posibles quejas o aclaraciones contra la revista, su personal, la junta editorial o el editor, que podrán enviarse a través de la dirección de correo electrónico facilitada en la página web.
  • Existe un firme compromiso por evitar que los miembros del Consejo editorial incurran en conflictos de intereses. Se impone la retirada de la toma de decisiones en aquellos supuestos que puedan plantear un potencial conflicto con respecto a los artículos en consideración. La responsabilidad de la decisión final con respecto a la publicación se atribuirá a un editor que no tenga ningún conflicto de intereses. En concreto, los miembros del Equipo Editorial deberán abstenerse en la gestión de un manuscrito cuando incurran en alguna de estas o similares situaciones: 1) Tener relación de parentesco, 2) Presentar amistad o enemistad manifiesta, 3) Ser coautor del original, 4) Tener relación contractual o compartir fondos o proyectos de investigación que puedan afectar a su imparcialidad.
  • Los miembros del Consejo Editorial y del Comité Científico intentarán prevenir malas prácticas informando a los autores y revisores sobre el comportamiento ético que se les exige.
  • Spanish Journal of Legislative Studies prohíbe totalmente el plagio. Mediante la herramienta Turnitin, los textos que se identifiquen como plagio o cuyo contenido sea fraudulento serán eliminados del proceso de evaluación. Previamente el Consejo Editorial se pondrá en contacto con el autor de forma que éste pueda alegar cuanto estime conveniente.
  • Los autores han de controlar que sus trabajos no infringen los derechos de autor. En caso de una autoridad compartida, habrá que justificar el consenso pleno de todos los autores afectados.
  • Se solicitará a los revisores y a los miembros de los comités científico y de redacción que estén al tanto de todos los tipos de conducta indebida para identificar documentos en los que haya ocurrido o parezca que se ha producido una conducta indebida.
  • El Consejo Editorial estudiará con seriedad cada caso y considerará la posibilidad de retirar una publicación en caso de mala conducta, o emitir una nota en caso de prueba no concluyente de mala conducta, o solicitar la corrección del segmento falso. Se tendrá mucho cuidado para distinguir los casos de error humano honesto de la intención deliberada de defraudar.

2. Compromiso de los evaluadores

  • Los evaluadores asumen el código ético seguido por Spanish Journal of Legislative Studies.
  • El Consejo Editorial requerirá que los revisores tengan experiencia científica o experiencia laboral significativa en un campo relevante. Deben haber realizado recientemente investigaciones y/o trabajos y haber adquirido una experiencia reconocida por parte de sus compañeros.
  • Los datos recibidos en la revista serán estrictamente confidenciales y solo se compartirán entre la redacción de la revista y el autor o los evaluadores anónimos. En este último caso, los evaluadores recibirán un documento con las referencias de los autores borradas o editadas para evitar un reconocimiento directo.
  • Los evaluadores sólo aceptarán intervenir en el proceso de evaluación de un original cuando sea experto en el tema del que trata, con la finalidad de llevar a cabo un informe de calidad objetivo e imparcial. Evaluará todos los aspectos del manuscrito y realizará críticas constructivas y sugerencias concisas. Deberá informar al Consejo Editorial de indicios sobre la posible existencia de una mala conducta.
  • Los evaluadores se comprometen a cumplir los plazos de revisión establecidos.
  • Velarán por preservar la confidencialidad del proceso y evitar conflictos de intereses. Se abstendrán de utilizar en su propio beneficio las informaciones obtenidas en la tarea de evaluación y rechazarán la revisión de un original cuando se sospeche la posibilidad de incurrir en una situación de conflicto de interés de las descritas en esta guía. La renuncia será en todo caso motivada.
  • Los juicios realizados por los evaluadores son objetivos. Los contenidos de los artículos recibidos en la revista se evalúan siempre sin tener en cuenta prejuicios sobre el género, la raza, la religión, la procedencia geográfica, nacionalidad, etnia o posición política de los autores. En caso de que el evaluador reconozca al autor del artículo que está siendo evaluado o en situaciones en las que haya un conflicto de intereses, el evaluador deberá rechazar la evaluación del artículo recibido.

3. Compromiso de los autores.

  • Los autores se comprometen a seguir las pautas del código ético seguido por Spanish Journal of Legislative Studies teniendo en cuenta que la falsificación o manipulación de datos, el plagio, el autoplagio, la fragmentación innecesaria de artículos  o la autocitación redundante son consideradas malas prácticas.
  • El autor que realice el envío del artículo para ser evaluado es el responsable único de aportar todos los datos identificativos tanto de sí mismo como del resto de autores que participan en el artículo. Todos los autores deberán haber participado en la realización del trabajo.
  • Los autores se comprometen a enviar sus trabajos acogiéndose a las cláusulas de estilo y directrices estipuladas por la revista y que aparecen en la página web, debiendo cuidar especialmente las citas en el texto y la bibliografía. Los autores se comprometen a referir de manera adecuada a las fuentes bibliográficas correspondientes. En tal sentido, en casos en que se requiera una autorización formal de citación de otras publicaciones, los autores son también responsables de conseguir dichas autorizaciones.
  • Si los autores consideran oportuno hacer referencia a las fuentes de financiación (proyecto de investigación, por ejemplo), podrán realizarlo en el cuerpo del artículo enviado. Además, se especificará cualquier conflicto de intereses que el artículo enviado pueda suponer.
  • No podrán enviar sus trabajos a Spanish Journal of Legislative Studies cuando estén siendo evaluados simultáneamente por otra revista. Se abstendrán de enviar trabajos que no sean inéditos.
  • En todo caso se comprometen a remitir artículos originales.
  • Los autores deben informar al editor cuando tengan un conflicto de interés directo o indirecto con el Consejo Editorial o con el Comité Científico.
  • En el supuesto de que una vez publicado el artículo, los autores detectan errores en sus artículos, se pondrán en contacto inmediatamente con el Consejo Editorial para que se puedan subsanar en la medida de lo posible.
  • Cualquier duda sobre la interpretación y aplicación de estas normas fundacionales, así como sus posibles lagunas serán resueltas por el Consejo Editorial, previa consulta con el Comité científico.